Las comunidades de propietarios tienen una serie de obligaciones legales que deben cumplir para evitar sanciones y problemas con la ley. Desde la gestión de actas hasta el cumplimiento de normativas locales, estas responsabilidades pueden ser difíciles de manejar sin la ayuda de una administración de fincas profesional. A continuación, te explicamos cuáles son las principales obligaciones legales y cómo una administración de fincas puede ayudarte.
Gestión de las actas de las juntas
Cada reunión de propietarios debe estar debidamente registrada mediante actas. Estas actas deben reflejar las decisiones tomadas durante las juntas y ser firmadas por el presidente y el secretario. La administración de fincas se encarga de la redacción y conservación de estas actas, garantizando que todos los procesos sean legales y transparentes.
Elaboración y presentación de cuentas
Otra de las obligaciones más importantes es la elaboración de las cuentas anuales. Todas las comunidades de propietarios deben presentar un estado detallado de ingresos y gastos. Una administración de fincas se encarga de esta tarea, asegurando que las cuentas se ajusten a la normativa vigente y que todos los propietarios puedan consultarlas cuando lo deseen.
Cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal
La Ley de Propiedad Horizontal regula muchos aspectos relacionados con la convivencia en comunidades de propietarios, desde la distribución de los gastos hasta las mayorías necesarias para tomar decisiones. Un administrador de fincas está al tanto de todas estas normativas y se asegura de que la comunidad las cumpla, evitando posibles sanciones legales.
Contratación de seguros obligatorios
Dependiendo de la comunidad, es obligatorio contar con ciertos seguros que cubran los riesgos derivados del uso de las instalaciones comunes. Una administración de fincas se encarga de gestionar la contratación y renovación de estos seguros, asegurando que la comunidad esté protegida ante cualquier eventualidad.
Asesoría legal ante problemas
Cuando surgen problemas legales, ya sea con vecinos, proveedores o autoridades, contar con el respaldo de una administración de fincas es clave. Ellos pueden ofrecer asesoría legal y, en caso necesario, iniciar acciones legales para proteger los intereses de la comunidad.